El análisis incluyó alrededor de 200 investigaciones realizadas en el área de ciberseguridad en los últimos 10 años. Algunas de las áreas en las cuales se desarrolló la revisión fueron gestión de control de acceso, seguridad de sistemas ciberfísicos y criptografía. Además, el informe propone algunas áreas prioritarias para la investigación futura: Inteligencia Artificial, Criptografía, Seguridad y Educación; esta última de vital importancia dada la falta de especialización y concientización en ciberseguridad, tanto a nivel técnico como de usuarios finales.
Romina Torres, doctora en Ingeniería Informática y profesora asociada de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, detalló las principales conclusiones del informe en conjunto con la Subsecretaria de Ciencia, destacando el valor de hacer investigación en Chile en materia de ciberseguridad. “Este informe justamente nos permitió levantar esa información y visibilizar a los distintos investigadores de distintas áreas. Este estudio es relevante también porque nos permite trazar el camino a seguir. A partir de esta investigación, el segundo paso es hacer innovación, desarrollar productos y estar en línea con la política nacional de ciberseguridad, y con este quinto pilar que dice relación con la creación de una industria tecnológica, y que Chile pueda ser líder en esa área y en particular en ciberseguridad”, indicó.
La Subsecretaria, también destacó los desafíos que mostró esta investigación. “Tenemos un desafío de brecha de género: son muchos más los hombres en el área de la ciberseguridad que las mujeres. Tenemos que motivar a más niñas y jóvenes para que se interesen por estas áreas. También tenemos el desafío de la descentralización: la mayoría de la investigación está concentrada en la Región Metropolitana, y tenemos que llevarla hacia otros espacios donde también se requieren políticas en materia de ciberseguridad como los gobiernos regionales y los municipios. Además, es importante fortalecer las redes internacionales. En todas esas áreas, ya estamos trabajando”.
La presentación del estudio se cerró con un panel de discusión centrado en los dilemas éticos y las implicancias de los hacking planteados en la nueva Ley Marco de Ciberseguridad. Denominado “Hacking ético: Una mirada integral al panorama en Chile”. El panel abordó las distintas exigencias de la ley; entre ellas, el registro previo de quienes ejercen esta actividad, el aviso previo a las empresas, el reporte inmediato que debe entregarse y la necesidad imperativa de que no exista mala intención, que no se divulgue, y que solo sea informado al responsable del sistema o, alternativamente, a la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad.
La instancia fue moderada por Cristian Bravo Lillo, director del CSIRT de Gobierno, y contó con la participación de Michelle Bordachar, asesora jurídica y legislativa de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad; Alejandro Hevia, ingeniero en ciencias de la computación y docente de la Universidad de Chile; Fernanda Mattar, subgerente corporativo de ingeniería de seguridad en Entel y Fernanda Macías, ingeniera de software y líder de la Fundación Niñas Pro.
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