El proyecto define de “alto riesgo” aquellas aplicaciones de IA que presentan un riesgo significativo de causar perjuicios para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales protegidos por la Constitución o el medio ambiente, así como para los derechos de los consumidores. Por ejemplo, un sistema de IA destinado a la contratación o selección de personas, especialmente para analizar y filtrar solicitudes de empleo y evaluar candidatos.

En “Riesgo limitado” se incluyen aquellos usos que no implican riesgos significativos de manipulación, engaño o error derivado de la interacción con personas, por ejemplo, un chatbot de un servicio público que responde a consultas dentro de su esfera de competencia.

Por último, un sistema de IA sin riesgo evidente podría ser uno que sugiere películas o canciones, según las preferencias de un usuario, u otro que bajo ninguna circunstancia pueda causar perjuicios a los derechos fundamentales.

El proyecto de ley se centra también en que los usos de IA funcionen en condiciones transparentes, asegurando que las personas reciban información clara y precisa y sean conscientes siempre de que están interactuando con una máquina.

Calibrar la protección con la innovación fue una de las prioridades del proyecto. Para ello, este faculta a los organismos de la administración del Estado para diseñar espacios controlados que faciliten el desarrollo, la prueba y la validación de sistemas innovadores de IA, durante un período limitado de tiempo antes de su introducción en el mercado. Los detalles de este espacio deberán acordarse entre los proveedores potenciales y las autoridades, bajo la orientación y supervisión de ellas.

La propuesta también incluye medidas de apoyo a empresas de menor tamaño, en consideración a los intereses de los proveedores y los usuarios de sistemas de IA a pequeña escala. Entre ellas, dar acceso prioritario a espacios existentes de prueba para IA y fomentar la participación de representantes de empresas de menor tamaño en el Consejo Asesor Técnico de IA incluido en la propuesta de normativa.

Este proyecto de ley -que además de proteger a la ciudadanía busca darle agilidad al mercado- pone a Chile entre los primeros países del mundo en hacer propuestas legislativas en la materia. Recoge diversos elementos de la normativa europea sobre IA, además de la agenda internacional y principios consensuados al alero de la Unesco y la OCDE. Recoge el trabajo de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y de la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, y las recomendaciones del Consejo Asesor de IA. “Todo ello permite que esta propuesta de regulación converse muy bien con los países a los cuales exportamos y desde donde importamos tecnología”, finalizó la ministra.

El proyecto de ley se puede revisar en este link:
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=17048&prmTIPO=INICIATIVA