Será la propia ANID la que revise y actualice los antecedentes proporcionados por los postulantes a los fondos públicos para investigación. Al inicio de la postulación deberá verificar de manera obligatoria la inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y luego, deberá hacer lo mismo, al momento de la adjudicación de programas o instrumentos.
Si en el cruce de datos, identifican a una persona con una inscripción vigente en el Registro, su postulación no podrá ser declarada admisible ni tampoco podría ser adjudicataria de los programas e instrumentos ejecutados por ANID.
En resumen, la ley establece que ANID deberá excluir a quienes estén inscritos como deudores del Registro de Pensiones de Alimentos de participar en sus convocatorias, y esta verificación se realizará de forma automatizada y obligatoria en dos etapas del proceso.
La ministra Etcheverry aclaró que en ningún caso se está “cerrando la puerta para siempre”, sino que se está diciendo “primero cumpla sus obligaciones y después postule, si está en el registro, no puede seguir el proceso; si regulariza su deuda antes de cualquiera de las etapas, puede continuar, es así de justo”, insistió. Con esta modificación, “en lugar de reaccionar, prevenimos”, agregó.
La propuesta de modificación surgió a partir de las preocupaciones de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. A través de diversas acciones, como oficios de consulta y la presentación del proyecto de acuerdo Boletín N° S 2.531-12, aprobado el 16 de abril de 2024, solicitaron al Ejecutivo la adopción de todas las medidas pertinentes para garantizar el pago efectivo de pensiones de alimentos vinculado a los instrumentos y becas otorgados por la ANID.
La propuesta es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Actualmente, existen más de 270 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, y más de 385 mil niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una pensión para su manutención. El 96% de los deudores son hombres.
“Este proyecto es pequeño en extensión, pero dice algo grande: el Estado no puede mirar para al lado cuando alguien le debe a sus hijos o hijas y que el desarrollo, la ciencia y la innovación no se construye a costa de la infancia. Cuando actuamos con coherencia damos señales que sí cambian comportamientos”, finalizó la ministra Etcheverry.